Reflexiones sobre el rol del derecho consuetudinario indígena en la protección de los conocimientos tradicionales a propósito del Protocolo de Nagoya

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Uno de los temas centrales del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de 1992 es cómo respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales y asegurar el consentimiento de las comunidades indígenas y locales para su utilización, así como la participación en los beneficios que se deriven de ello.

Sobre la base del marco planteado por el CDB, diversas organizaciones internacionales han realizado esfuerzos por avanzar en la definición de mecanismos que apoyen la implementación de sus postulados, incluyendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por otro lado, varias organizaciones de la sociedad civil e indígenas vienen llevando a cabo iniciativas para proteger los conocimientos tradicionales y algunos países han aprobado legislación nacional sobre la materia. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos realizados en los últimos 20 años, los resultados concretos son escasos. Desde la perspectiva de los propios indígenas, una de las razones es que no se ha incorporado de manera formal a las propias normas e instituciones tradicionales de las comunidades, que son reclamadas como auténticos sistemas sui generis, y que no es otra cosa que su derecho consuetudinario.

Es recién a fines de 2010, con la aprobación del “Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que las voces de las comunidades han empezado a oírse con más fuerza y, de esta manera, el término “derecho consuetudinario” ha tenido un fuerte impulso al haberse incluido en dicho Protocolo. Ello permitirá ensayar un enfoque distinto al planteado hasta el momento, con un mayor protagonismo de las comunidades y la acción a nivel local, así como integrar los distintos instrumentos internacionales relacionados a los conocimientos tradicionales, la conservación de la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas.

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