Índice de Artículos
Tenencia de la tierra y conservación: Vínculos en el contexto cultural de América Latina I
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Página 8
Página 9
Página 10
Todas las páginas

ImageANTECEDENTES
Un poco de historia
La problemática actual de la tenencia de la tierra en América Latina, tiene sus orígenes en el tiempo de la colonia cuando la corona española entregó, como encomienda a los colonizadores, parcelas de tierra para el manejo de la población indígena. Dichas encomiendas funcionaban bajo un sistema feudal de inserción de la mano de obra en donde los campesinos, la mayor parte de los cuales eran indígenas, trabajaban en actividades agrícolas bajo una relación de total dependencia con el encomendero, sin derecho a la propiedad de la tierra. “Estos estaban encargados de proteger a los indios, de catequizarlos y de recibir tributo bajo la forma de productos agrícolas, de trabajo o de dinero” . La encomienda funcionó principalmente en los altiplanos y fue abolida en el siglo XVIII.

Paralelamente a la encomienda, con una importancia relativa y duración mayor, funcionó el sistema de hacienda, el cual nace de las ventas y/o donaciones que la Corona Española hace, a partir de mitad del siglo XVI, a ricas familias de españoles y congregaciones religiosas especialmente en los altiplanos. De esta manera la propiedad de la tierra se hallaba concentrada en estas clases sociales con una total marginación de la población indígena a la propiedad de la misma.

El sistema de hacienda, prevaleció hasta la segunda mitad del siglo XX donde grandes haciendas eran propiedad de unos pocos latifundistas que “tenían el control monopólico sobre las tierras lo que les permitía contratar trabajadores que, a cambio de un acceso precario a una superficie pequeña de tierra –minifundio–, se comprometían a trabajar gratuitamente para el latifundista” . De esta manera se consolida la teoría del complejo latifundio / minifundio en donde se establece que es un sistema que generaba condiciones de ineficiencia en el uso de la tierra y actuaba como freno a cualquier innovación tecnológica. El latifundista tenía a su disposición grandes extensiones de tierra y mano de obra gratuita, y por tal razón no necesitaba mejorar sus anticuados métodos de cultivo. Por el otro lado, el campesino minifundista tenía acceso a una limitada superficie de tierra de mala calidad, sobreexplotada y que servía únicamente para atender sus necesidades básicas de autoconsumo.



La estructura agraria cambiaba muy poco en pleno siglo XX, hasta que empezaron las reformas agrarias, México dio el ejemplo y le siguieron varios países en el Caribe y especialmente Sudamérica. Dichas reformas agrarias, intentaban terminar con la gran concentración de la tierra en manos de unos pocos hacendados que controlaban, además, a miles de familias indígenas y trabajadores precaristas en general, que dependían totalmente de los arreglos a los que podían llegar con ellos.
Esto también indica la acelerada conversión de uso del suelo en esta época, especialmente por la recuperación que experimentó la agroexportación en productos como la cascarilla, cacao y la naciente actividad bananera.

Al mismo tiempo se fueron generando una serie de leyes y código agrarios en todos los países, con enfoques distintos, pero que en el fondo su denominador común, era de un marco jurídico con un espíritu de garantizar la propiedad privada de la tierra y promover su uso eficiente, pero estas leyes por sí mismas fueron insuficientes para lograr su cometido; además, como afirma Southgate: “Se puede asegurar que la Ley de Desarrollo Agrario ha alterado fundamentalmente los derechos sobre la propiedad rural ... Sin embargo, la Ley no constituye una reforma integral como la que se necesita para el uso y manejo eficiente de la la riqueza ambiental” .

Situación socioeconómica de latinoamérica en relación al tema
La región presenta serios problemas de pobreza y subdesarrollo, sus economías tienen estrechos vínculos con Estados Unidos y dependen ampliamente del financiamiento externo.
Los países de esta región consolidaron en la década de los 90, procesos de ajuste estructural y la aplicación de las llamadas “políticas económicas neoliberales” . Los nuevos paradigmas económicos eran paulatinamente validados por los resultados del crecimiento económico que mostraba la región. Desde el año 1994 en adelante, la situación de la economía regional fue compleja y contradictoria, mostrándose las inconsistencias y debilidades de las economías subregionales y la necesidad de revisión y ajuste de las políticas aplicadas hasta ese momento.


Este panorama se agravó por la incertidumbre política y social que hoy vive la región: la guerrilla colombiana, la crisis política de Venezuela, la dolarización en Ecuador, los altos niveles de corrupción en estos países y la pobreza, son -entre otros- serios problemas que aquejan los andes..
En cuanto al tema de tierras, la región presenta fuertes procesos de concentración, inequidad en su distribución , territorialidad indígena con dificultades para su consolidación , institucionalidad agraria fragmentada y con escaso financiamiento, limitaciones para acceder a los derechos de propiedad, debido entre otras razones a costos de la tierra y engorrosos procedimientos administrativos para la titulación. .

Otro problema relacionado a la tenencia de la tierra, es el uso inadecuado del suelo, debido a falta de políticas claras sobre ordenamiento territorial.
Hasta hace algunos años, las políticas agrarias fueron una de las principales causas de deforestación en la América andina, ya que consignaban en la legislación de tierras, la necesidad de demostrar la presencia mediante actos posesorios de cambio de uso del suelo, reemplazando bosque por trabajos agrícolas o simplemente por pastizales.

Otro tema importante en el entendimiento de la problemática en la región , es la ocupación ilegal de la tierra, conocido como invasión. Generado por la pobreza, los países se sienten impotentes en solucionar este problema, lo que se evidencia en una débil inversión en el agro y el aparecimiento de grupos paramilitares. Las ocupaciones en tierras agrícolas impiden su prosperidad, planes de largo plazo y reducen la inversión extranjera en los andes.
Con este panorama, la región presenta una legislación incompleta, que a su vez limita el desarrollo de un mercado de tierras dinámico, eficiente y que promueva el uso sostenible de la tierra, y por el contrario asistimos a un mercado de tierras distorsionado y con profundas contradicciones.


NOCIONES SOBRE TIERRA Y TERRITORIO
La premisa de territorialidad en el caso de latinoamérica, tiene características propias, porque la propuesta sobre regularización de tierra, dejo de ser el proceso jurídico-administrativo para acceder al título como fue en los anos 60 y 70 del siglo anterior, para convertirse en el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, en una proclama de territorialidad, una bandera de reivindicación política y de sustento de una propuesta de autonomía.
Este ha sido y seguirá siendo sin duda, el punto de quiebre del tema indígena con el resto de la sociedad, cuando desde sus mismas bases y dirigencias se planteó la necesidad que los indios y también negros, mantengan regímenes diferenciados para la tenencia de la tierra, a lo que poco a poco se añadieron nuevos derechos, hoy reconocidos constitucionalmente como derechos colectivos, tales como: educación y justicia diferenciada, manejo de los recursos naturales basado en prácticas tradicionales, entre otros.

Este panorama nos debe llevar a diferenciar en el análisis al menos tres temas: a) La institucionalidad de tierras y su marco jurídico ; b) La situación actual de tenencia de la tierra y su impacto en la conservación de la biodiversidad: y, c) Áreas especiales de territorialidad indígena.

Esta triada, a la que nos aprestamos a darle contenido en el presente documento, nos pone frente en una disyuntiva en materia territorial con su propia composición y valor jurídico, generada por la deficiencia legal que nos ha acompañado en estos últimos tiempos, que se aclara en los últimos años con la ratificación por la mayoría de los estados latinoamericanos del Convenio 169 de la OIT, y que se convierte en la base legal plena para diferenciar la noción de tierra y territorio.

Existen importantes documentos internacionales como antecedentes al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, el Convenio 169 de la OIT evoluciona hacia el reconocimiento de la naturaleza pluricultural y multiétnica de los pueblos indígenas, afirmando la noción de territorio, además ha tenido impacto en prácticamente todas las reformas constitucionales que abordan el tema de los derechos indígenas.

En cuanto a los derechos específicos, el que se refiere a la utilización de la tierra, que dentro de la cosmovisión indígena no puede ser tratada como un bien apropiable y enajenable en la forma como lo disponen los Códigos Civiles de América Latina, tiene gran similitud entre los diversos pueblos indígenas de Latinoamérica, a pesar de su número y de la inmensidad el espacio geográfico en que están diseminados. .

En este contexto, el Convenio 169, se refiere a: (i) las tierras entendidas como espacio dentro del cual se ejerce la propiedad; y, (ii) los territorios, concebidos como espacios dentro de los cuales, sin que haya propiedad reconocida, en el sentido del ordenamiento jurídico interno, se mantienen formas ancestrales de utilización y aprovechamiento del hábitat natural, para el desenvolvimiento de las especiales condiciones de vida de los pueblos indígenas. .

En los 21 países latinoamericanos es posible reconocer tres tipos de constituciones, según el grado y tipo de menciones de la población indígena. Las constituciones correspondientes al tercer grupo representan “la vanguardia” de derechos constitucionales, nueve de estos países reconocen incluso el carácter ancestral de las comunidades. Este reconocimiento implica el establecimiento de derechos culturales, territoriales y autonómicos, sin embargo el hecho de que conste en cada una de las constituciones no asegura su aplicación inmediata, de no mediar una legislación secundaria que haga posible su aplicación, estos derechos serán meramente declarativos .

El propio derecho agrario da las primeras acepciones que mas tarde permitirán zanjar las diferencias entre ambas, que fue categóricamente diferenciada por los movimientos indígenas de América Latina, quienes vieron sus territorios alterados en su integridad e intangibilidad, debido a varios factores, entre los principales: (i) actividades extractivas impulsadas desde el Estado; (ii) ampliación de la frontera agrícola por procesos espontáneos o inducidos de colonización; (iii) políticas estatales sobre el tema tierra no definidas; y, (iv) procesos de regularización de la tenencia de la tierra lentos.

Factores estos, que además de afectar gravemente a la biodiversidad que tiene lugar en dichos territorios, igualmente perturban las relaciones animistas del hombre con su entorno, lo que incide directamente en la identidad de grupo y su cosmovisión.

Estos antecedentes han hecho necesaria la consolidación de territorios indígenas, buscando nuevas y novedosas alternativas jurídicas de administración, uso y manejo territorial, especialmente de zonas de alta diversidad biológica.
T

erritorialidad Indígena
Tradicionalmente las políticas de los Estados Latinoamericanos con los pueblos indígenas, estuvieron apoyadas en el propósito central de liquidar las formas colectivas de posesión y dominio de la tierra y las formas semiautónomas de gobierno que las comunidades lograron mantener durante el largo período colonial .

En las últimas décadas, los estados latinoamericanos comenzaron a apartarse de sus políticas de exclusión respecto a los pueblos indígenas y, en diferentes grados a caminar a políticas de inclusión .
El debate político gira entonces alrededor del temor de constituir estados atomizados, cuyo punto de partida para algunos son las experiencias como: comarcas en Panamá, tierras autónomas del Atlántico en Nicaragua, resguardos indígenas en Colombia, circunscripciones territoriales en Ecuador y tierras comunitarias de origen en Bolivia. Modelos con muchas dificultades, y que ni siquiera han logrado consolidar los territorios indígenas.

El reconocimiento territorial, les da la posibilidad de manejar y administrar sus territorios, ejercer su propio sistema de justicia, un reconocimiento de sus autoridades tradicionales y formas de gobierno, así como participar en la distribución equitativa de los beneficios que se obtengan de la biodiversidad, entre otros efectos jurídicos.

Experiencias en América Latina para la definición de territorios indígenas
La consolidación de espacios territoriales indígenas reconoce la diversidad cultural, proveyendo a estos la posibilidad de mantener sus formas de vida y reafirmar su identidad como pueblo. Al mismo tiempo lo siguientes ejemplos constituyen símbolos de una articulación milenaria entre conservación de biodiversidad y territorialidad indígena y afroamericana. .Algunos ejemplos:

  • PANAMA: COMARCAS INDIGENAS


En el año de 1938 se da la primera legislación sobre territorios indígenas, con la Ley N° 16 de 1953 se constituye formalmente la Comarca de San Blas con la definición de sus límites y forma de administración.

La Comarca Emberá-Wounan se crea en 1983, y pertenece a la Provincia de Darién.
Por Ley Nº 24 de 12 de enero de 1996, se establece la Comarca Kuna de Madungandi localizada al Este de la Provincia de Panamá.

Ngöbe-Buglé (Ley Nº 10 de 7 de marzo de 1997) es el último territorio reconocido.
En proceso de legalización se encuentran tres comunidades kunas ubicadas en el Alto Chucunaque, Provincia de Darién.

El organismo de gobierno es el Congreso General Kuna, que es quien toma decisiones relacionadas con asuntos de la Comarca. Estas comarcas han llegado ha tener cierta autonomía político – administrativa, lo que les ha permitido el manejo y administración de sus territorios, basados en lo siguiente :
La organización político-administrativa. La existencia de los Congresos Locales y el Congreso General cohesiona al grupo y permite discutir y presentar posiciones unitarias y coherentes frente a presiones externas. En especial debe considerarse la permanencia de un Congreso General de la Cultura que mantiene vigentes sus tradiciones y, a través del cual, se han organizado escuelas de la cultura kuna.

El aislamiento geográfico. La cordillera de San Blas que se extiende en los límites de la Comarca fue un impedimiento geográfico a la introducción de colonos. La comunicación no se da por tierra, sino por vía marítima para el transporte de mercancías y por vía aérea para el transporte de personas.

Esto no ha significado un aislamiento de los kunas a nivel nacional. Su presencia en el Organo Legislativo, Universidades y Colegios de la ciudad, la existencia de personal kuna en instituciones públicas dentro de la Comarca, las escuelas en casi todas las comunidades. Esto, aunque podría provocar cierto grado de aculturación, también les arma para enfrentarse a las presiones externas, que será importante para mantener firme la determinación de preservar su territorio, su cultura y sus recursos.

  • NICARAGUA: RESERVA BOSAWAS


En la Costa Atlántica dividida geográficamente en dos regiones: Norte y Sur, y ubicada en el este de Nicaragua es un área habitada mayormente por indígenas, en su mayoría mismitos. En esta área se encuentra la mayor diversidad biológica del país, con seis grupos étnicos que se dedican a la agricultura y a la pesca.

Los derechos territoriales de estos grupos indígenas fueron reconocidos con la Ley de Autonomía en 1987, durante el Gobierno Sandinista, dándoles la capacidad de manejar y administrar la tierra, así como desarrollar sus formas tradicionales de vida. Aunque recientemente estos derechos adquiridos, se han visto amenazados por los intereses económicos de empresas extractivas de recursos naturales.
Una gran porción del territorio de la Costa Atlántica, fue declarado por el gobierno nicaragüense en octubre 1991, como Reserva Nacional de Recursos Naturales, conocida como Bosawas. La UNESCO la declaró Reserva de la Biosfera en 1998, convirtiéndose en la reserva más extensa en Centroamérica.
A pesar de esto, las comunidades indígenas insisten en sus reclamos por la legalización de sus territorios, pues consideran que la declaratoria de reservas y otro tipo de áreas protegidas contribuya a consolidar la tenencia de la tierra a su favor, por lo que han iniciado una fuerte campaña ante el Gobierno y aún a organizaciones internacionales para la auto demarcación de sus territorios.

  • COLOMBIA: RESGUARDOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS


La Carta Política de Colombia reconoce los derechos de los pueblos indígenas en 18 artículos, principalmente relacionados con: protección a la diversidad étnica y cultural;
participación de los indígenas en la vida política de la Nación; apoyo a la autonomía de los grupos indígenas y sus formas propias de gobierno; protección de las tierras comunales y de las formas de propiedad solidaria y asociativa de las comunidades indígenas; protección a los recursos naturales, temas estrechamente relacionados con la cuestión étnica; y, participación de los resguardos indígenas, considerados por la ley como municipios, en los ingresos corrientes de la Nación. Artículos 1, 7, 8, 10, 13, 63, 68, 72, 96, 171, 246, 286, 287, 321, 329, 330, 357 y 56 transitorios de la Carta Política.

Existen 511 resguardos indígenas en Colombia con una superficie aproximada de 28.2 millones de hectáreas, que representan el 25% del territorio nacional. Existen 80 pueblos indígenas con una población estimada de 714.118 indígenas. El total de población indígena del país está concentrado en los departamentos del Cauca (23%), Guajira (21%), Nariño (11%), Chocó y Caldas (5%) y Córdoba (3%).

A pesar de lo anotado anteriormente, los problemas para los grupos étnicos persisten, sea por invasiones de sus territorios, deficiente calidad del suelo y necesidades básicas insatisfechas. Esto se ve agravado por la transferencia de recursos a los mencionados resguardos, los cuales al no estar debidamente preparados para manejarlos, han entrado en las luchas por el poder y el juego económico.


Comunidades negras.
En lo que atañe a los pueblos afro colombianos, en el año de 1993 se promulgó la llamada Ley 70 que “…tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”.


Manolo Morales
Director de Gestión y Derecho Ambiental, ECOLEX

 

 

Recomendamos

L. del Castillo, C. Llerena
Proyecto Adaptación de la Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca del río Santa ante la incidencia del Cambio Climático
Hugo Echeverría y Sofía Suárez

Lo más nuevo